Cuando hablamos de corrupción, hablamos en este caso de corrupción de los principios democráticos y de actuaciones descontroladas. La Embajada no se rige según las normas del Estado de derecho que imperan en el país que representan. La arbitrariedad es una de sus señas de identidad. La palabra del procónsul es la «ley», una ley con trampa que sólo se aplica a los más débiles. Los derechos constitucionales de cientos de españoles de origen guineano, auténticos españoles de tercera, son pisoteados día tras día. Para estos «dictaleyes» de la Embajada, los españoles de origen guineano no deben recibir la visita de según qué familiares. En la «Constitución» de la Embajada española ellos han escrito: «a todas las jóvenes o jóvenes en edad de riesgo (riesgo de no retorno) se les debe impedir viajar a España a toda costa, sobre todo si son de la etnia fang. Y sus familiares españoles, que se aguanten». Como también han escrito: «Ninguna llamada procedente de España deberá ser atendida. El derecho a la información no podrá ejercerse si los funcionarios están llenos de trabajo».

Propuesta:

a) Que el Ministerio de Asuntos Exteriores fije unos criterios objetivos a los que se atengan los funcionarios a la hora de conceder los visados y los ciudadanos a la hora de solicitarlos. Sacarse de la manga exigencias irrealizables es arbitrario y radicalmente antidemocrático.

b) Antes de ponerse a desmentir, el Embajador debe proponerse investigar y remediar lo que es un hecho innegable que daña la imagen de España.

Los funcionarios de la embajada practican una política auténticamente tribalista y discriminatoria. Es un secreto a voces que sus decisiones arbitrarias perjudican a la población fang, por la que sienten una especial aversión por ser responsables, entre otras, de «la expulsión de los españoles»; esa política beneficia a una determinada etnia isleña, a las que los funcionarios bien conocen por preferirlas como criadas. El hecho de que el régimen dictatorial castigue y discrimine a esta etnia no puede significar que la etnia fang sea represaliada. Estos funcionarios han entrado en un peligroso «¿juego?» que puede tener para ellos mismos consecuencias muy negativas. Se pasean tranquilos en medio de una mayoría de la población que tiene conciencia de ser discriminada y maltratada. La paliza propinada a una de las funcionarias -que debería ser sustituida urgentemente por conflictiva- puede no ser la última. En África, se ha dicho muchas veces, no se puede echar fuego a este tipo de leña. Francia y Bélgica ya cometieron tremendos errores y horrores por políticas nefastas como la que denunciamos abiertamente.

Propuesta:

a) El Ministerio de Asuntos Exteriores debe advertir seriamente a sus funcionarios de que no deben discriminar en razón de adscripciones étnicas.

b) El Ministerio debe sustituir urgente al cónsul Hugo Regozo Zapata y a las funcionarias Maria Teresa Montelongo y María Antonia Mera. Ganarse la benevolencia de los guineanos sin atrincherarse en cuestiones tribalistas deberá ser la tarea prioritaria de los nuevos funcionarios.

c) Antes de ponerse a desmentir, el Embajador debe proponerse investigar y remediar lo que es un hecho innegable que daña la imagen de España.